LA DESCENTRALIZACIÓN A LOS MIL DÍAS DEL GOBIERNO (*)
Hay momentos propicios para evaluar la gestión de gobierno por su contenido simbólico. Faltando poco más de dos años para terminar su mandato, es más o menos claro que no podemos esperar casi nada en relación con las reformas que están pendientes desde el comienzo de la transición, las cuales son hoy más necesarias que nunca para enfrentar el contexto de crisis que, en nuestro país, parece estar aún en una etapa inicial.
El gobierno de Alan García se inauguró con un discurso de compromiso explícito con la reforma descentralista. En su primer Mensaje a la Nación anunció que gobernaría conjuntamente con las autoridades regionales y locales. En octubre de 2006, en la presentación de las 20 medidas para relanzarla, buscó proyectar una imagen comprometida con el proceso. Al igual que en muchos otros aspectos de la gestión del gobierno, los hechos han estado muy distantes de las palabras y ninguna política se ha orientado a resolver los problemas que han limitado la descentralización.
El anuncio de transferir el ciento por ciento de las funciones de la manera más rápida posible se ha reducido a un procedimiento burocrático que no modifica la estructura del poder. Se han creado programas paralelos en los ministerios que duplican las funciones supuestamente transferidas; se carece del cálculo de costos de las funciones compartidas y exclusivas de los gobiernos regionales que sustente técnicamente la transferencia de los recursos; y también falta una visión integradora de la transferencia que permita a los gobiernos regionales formular políticas y estrategias regionales de desarrollo.
El incremento de los recursos para los gobiernos regionales y locales proviene del canon, las regalías y el Foncomún, que son políticas aprobadas antes de 2006 y que hoy, en un escenario de crisis, se verán seriamente afectadas. Ejemplos concretos de esta situación son los siguientes: el estancamiento de la descentralización de los recursos públicos en los mismos niveles porcentuales que al inicio del gobierno; el férreo control de la burocracia del MEF sobre la formulación y gestión del presupuesto nacional, lo que afecta la autonomía de los gobiernos regionales y locales; la negativa del MEF para trabajar seriamente una propuesta de descentralización fiscal, que incumple así acuerdos tomados con el presidente Alan García. Éstos son indicadores claros de que en este aspecto persiste el centralismo de una tecnocracia que se impone por encima de las autoridades elegidas e incluso de las leyes. Con la crisis económica, estas circunstancias se han hecho más evidentes, ya que la estrategia del gobierno pasa por incrementar aún más el control de los recursos.
El discurso a favor de la regionalización terminó en el incumplimiento del compromiso presidencial de apoyar a las Juntas de Coordinación Interregional (JCI) y del anuncio de las denominadas regiones piloto, las cuales hasta el día de hoy carecen de sustento normativo y del apoyo necesario para dotarse de contenido y capacidad operativa, a pesar de la buena disposición de varios presidentes regionales.
La resistencia del gobierno a conformar el Consejo de Coordinación Intergubernamental, definido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es una clara muestra de que se carece, en las altas esferas del poder, de la voluntad efectiva para generar marcos institucionales vinculantes sobre la conducción del proceso de descentralización. Son positivas las reuniones que promueve la Presidencia del Consejo de Ministros y la Secretaría de Descentralización con la ANGR, AMPE y REMURPE, así como la apertura al diálogo de algunos ministerios como Salud, Agricultura y el MIMDES. Pero es evidente que no estamos ante una política del Presidente y del partido de gobierno.
Las campañas sistemáticas del APRA y de una buena parte de la clase política contra los mecanismos de participación y concertación ciudadana buscan contraponer la democracia representativa a la participativa en regiones y localidades. El objetivo es generar condiciones favorables para suprimir los mecanismos de concertación de la gestión pública con los principales actores sociales y políticos. El argumento es que son una traba para la eficiencia en la gestión de los recursos. No cabe duda de la necesidad de hacer cambios en estos mecanismos, pero no hay sustento alguno para señalar que afectan la capacidad de gestión de los gobiernos regionales y locales. Los desempeños muy buenos de algunas autoridades que promueven la concertación demuestra categóricamente que se trata de un argumento falaz que busca bloquear toda posibilidad de que la sociedad organizada tenga un rol activo en la gestión pública.
El gobierno del APRA apuesta a seguir concentrando las decisiones políticas y la asignación de los recursos. El resultado de esta estrategia, que cuenta con el apoyo de un amplio sector de la clase política y de los grupos de poder económico, es el estancamiento del proceso.
(*) Tomado de Participa Perú http://www.participaperu.org.pe/n-editorial.shtml?x=69884
Hay momentos propicios para evaluar la gestión de gobierno por su contenido simbólico. Faltando poco más de dos años para terminar su mandato, es más o menos claro que no podemos esperar casi nada en relación con las reformas que están pendientes desde el comienzo de la transición, las cuales son hoy más necesarias que nunca para enfrentar el contexto de crisis que, en nuestro país, parece estar aún en una etapa inicial.
El gobierno de Alan García se inauguró con un discurso de compromiso explícito con la reforma descentralista. En su primer Mensaje a la Nación anunció que gobernaría conjuntamente con las autoridades regionales y locales. En octubre de 2006, en la presentación de las 20 medidas para relanzarla, buscó proyectar una imagen comprometida con el proceso. Al igual que en muchos otros aspectos de la gestión del gobierno, los hechos han estado muy distantes de las palabras y ninguna política se ha orientado a resolver los problemas que han limitado la descentralización.
El anuncio de transferir el ciento por ciento de las funciones de la manera más rápida posible se ha reducido a un procedimiento burocrático que no modifica la estructura del poder. Se han creado programas paralelos en los ministerios que duplican las funciones supuestamente transferidas; se carece del cálculo de costos de las funciones compartidas y exclusivas de los gobiernos regionales que sustente técnicamente la transferencia de los recursos; y también falta una visión integradora de la transferencia que permita a los gobiernos regionales formular políticas y estrategias regionales de desarrollo.
El incremento de los recursos para los gobiernos regionales y locales proviene del canon, las regalías y el Foncomún, que son políticas aprobadas antes de 2006 y que hoy, en un escenario de crisis, se verán seriamente afectadas. Ejemplos concretos de esta situación son los siguientes: el estancamiento de la descentralización de los recursos públicos en los mismos niveles porcentuales que al inicio del gobierno; el férreo control de la burocracia del MEF sobre la formulación y gestión del presupuesto nacional, lo que afecta la autonomía de los gobiernos regionales y locales; la negativa del MEF para trabajar seriamente una propuesta de descentralización fiscal, que incumple así acuerdos tomados con el presidente Alan García. Éstos son indicadores claros de que en este aspecto persiste el centralismo de una tecnocracia que se impone por encima de las autoridades elegidas e incluso de las leyes. Con la crisis económica, estas circunstancias se han hecho más evidentes, ya que la estrategia del gobierno pasa por incrementar aún más el control de los recursos.
El discurso a favor de la regionalización terminó en el incumplimiento del compromiso presidencial de apoyar a las Juntas de Coordinación Interregional (JCI) y del anuncio de las denominadas regiones piloto, las cuales hasta el día de hoy carecen de sustento normativo y del apoyo necesario para dotarse de contenido y capacidad operativa, a pesar de la buena disposición de varios presidentes regionales.
La resistencia del gobierno a conformar el Consejo de Coordinación Intergubernamental, definido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es una clara muestra de que se carece, en las altas esferas del poder, de la voluntad efectiva para generar marcos institucionales vinculantes sobre la conducción del proceso de descentralización. Son positivas las reuniones que promueve la Presidencia del Consejo de Ministros y la Secretaría de Descentralización con la ANGR, AMPE y REMURPE, así como la apertura al diálogo de algunos ministerios como Salud, Agricultura y el MIMDES. Pero es evidente que no estamos ante una política del Presidente y del partido de gobierno.
Las campañas sistemáticas del APRA y de una buena parte de la clase política contra los mecanismos de participación y concertación ciudadana buscan contraponer la democracia representativa a la participativa en regiones y localidades. El objetivo es generar condiciones favorables para suprimir los mecanismos de concertación de la gestión pública con los principales actores sociales y políticos. El argumento es que son una traba para la eficiencia en la gestión de los recursos. No cabe duda de la necesidad de hacer cambios en estos mecanismos, pero no hay sustento alguno para señalar que afectan la capacidad de gestión de los gobiernos regionales y locales. Los desempeños muy buenos de algunas autoridades que promueven la concertación demuestra categóricamente que se trata de un argumento falaz que busca bloquear toda posibilidad de que la sociedad organizada tenga un rol activo en la gestión pública.
El gobierno del APRA apuesta a seguir concentrando las decisiones políticas y la asignación de los recursos. El resultado de esta estrategia, que cuenta con el apoyo de un amplio sector de la clase política y de los grupos de poder económico, es el estancamiento del proceso.
(*) Tomado de Participa Perú http://www.participaperu.org.pe/n-editorial.shtml?x=69884
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