CAMBIOS IMPOSTERGABLES: LAS NUEVAS REGIONES Y SUS GOBIERNOS
El fin supremo de toda organización política es, en teoría, brindarle bienestar al ciudadano para que pueda vivir dignamente durante su estancia entre nosotros. Para el logro de este fin, ella requiere llegar al poder y ejercerlo a través de un gobierno, sea éste local, regional o nacional. Desde el nacimiento del Perú como república, hemos conocido y sufrido experiencias de gobiernos locales, elegidos y no elegidos y, las más de las veces, de gobiernos nacionales. Nacionales e hipercentralistas por razones fundadas esencialmente en poderosos intereses económicos. Por ello nunca fue visto con buenos ojos el que se transfiera totales facultades administrativas, económicas o legislativas desde la capital hacia el resto del país.
La actual Constitución señala que el Estado es indivisible y unitario, por oposición al Estado federal. De acuerdo con Basadre, en 1828 se pensó en constituir un Estado federal o cuasi federal, pero la idea no prosperó. Todas las Constituciones han establecido que el Estado debe ser unitario, pero que “admite posibilidades descentralistas”, según lo manifestado por un ex ministro de Justicia fujimorista demostrando su estrechez intelectual. Es bueno saber también que se ha buscado la descentralización, desde la misma óptica, a través de los Consejos Departamentales (Constitución de 1933), y de los Gobiernos Regionales (Constitución de 1979).
Si bien es cierto que tuvimos una breve experiencia de gobierno regional, este modelo de administración nunca fue retomada y más bien fue pervertida y soslayada por el imperdonable gobierno pseudo democrático del prófugo ex gobernante fujimori, así como usufructuada por quienes este estatus les era conveniente. Ahora que se nos presenta una nueva y excelente oportunidad, este proceso requiere el máximo de nuestra atención para que se lleve a cabo de acuerdo con los intereses de la población que desea autogobernarse y dejar en el pasado la mendicante mano estirada.
A diferencia de otras opiniones, sostengo que las nuevas Regiones deben tener autonomía y facultades legislativas, ejecutivas y judiciales. Para hacer esto posible, es fundamental que sea modificada la forma de elaborar el Presupuesto Nacional que contempla rubros sectoriales (sociales y productivos), atención de la deuda externa, gastos corrientes, etc. El nuevo Presupuesto debe contener lo que le corresponde a cada Región para que sea ésta la que disponga, mediante el Presupuesto Regional diseñado por el Gobierno Regional, la correspondiente distribución sectorial. Obviamente que las políticas regionales deben estar en concordancia con las políticas nacionales.
La administración de la Región debe estar a cargo del Gobierno Regional, cuyo Presidente debe tener un mandato de cinco años sin la posibilidad de ser revocado, porque ¿qué lo hace diferente al Presidente del Gobierno Nacional?. Ambos son elegidos en forma libre y transparente por los ciudadanos que se adhieren a sus planes y propuestas.
Para el ejercicio de su gobierno, el Presidente Regional debe contar con un gabinete compuesto por ministros o secretarios regionales. Para legislar, el nuevo Gobierno Regional debe contar con un Parlamento integrado por los Alcaldes Provinciales, un parlamentario regional elegido por cada provincia y representantes de las naciones indígenas. Lo que se desea es representatividad y participación. No asambleísmo ni excesiva burocracia.
Es imperativo que la nueva legislación contemple las exactas jurisdicciones del gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales. Los actuales congresistas de provincias se deben a sus Regiones y en función de ellas deben legislar, evitando inclinar el fiel de la balanza hacia el envolvente, tentador, detestable, impasible e hipertrofiado centralismo. El pueblo vigila sus acciones.
El fin supremo de toda organización política es, en teoría, brindarle bienestar al ciudadano para que pueda vivir dignamente durante su estancia entre nosotros. Para el logro de este fin, ella requiere llegar al poder y ejercerlo a través de un gobierno, sea éste local, regional o nacional. Desde el nacimiento del Perú como república, hemos conocido y sufrido experiencias de gobiernos locales, elegidos y no elegidos y, las más de las veces, de gobiernos nacionales. Nacionales e hipercentralistas por razones fundadas esencialmente en poderosos intereses económicos. Por ello nunca fue visto con buenos ojos el que se transfiera totales facultades administrativas, económicas o legislativas desde la capital hacia el resto del país.
La actual Constitución señala que el Estado es indivisible y unitario, por oposición al Estado federal. De acuerdo con Basadre, en 1828 se pensó en constituir un Estado federal o cuasi federal, pero la idea no prosperó. Todas las Constituciones han establecido que el Estado debe ser unitario, pero que “admite posibilidades descentralistas”, según lo manifestado por un ex ministro de Justicia fujimorista demostrando su estrechez intelectual. Es bueno saber también que se ha buscado la descentralización, desde la misma óptica, a través de los Consejos Departamentales (Constitución de 1933), y de los Gobiernos Regionales (Constitución de 1979).
Si bien es cierto que tuvimos una breve experiencia de gobierno regional, este modelo de administración nunca fue retomada y más bien fue pervertida y soslayada por el imperdonable gobierno pseudo democrático del prófugo ex gobernante fujimori, así como usufructuada por quienes este estatus les era conveniente. Ahora que se nos presenta una nueva y excelente oportunidad, este proceso requiere el máximo de nuestra atención para que se lleve a cabo de acuerdo con los intereses de la población que desea autogobernarse y dejar en el pasado la mendicante mano estirada.
A diferencia de otras opiniones, sostengo que las nuevas Regiones deben tener autonomía y facultades legislativas, ejecutivas y judiciales. Para hacer esto posible, es fundamental que sea modificada la forma de elaborar el Presupuesto Nacional que contempla rubros sectoriales (sociales y productivos), atención de la deuda externa, gastos corrientes, etc. El nuevo Presupuesto debe contener lo que le corresponde a cada Región para que sea ésta la que disponga, mediante el Presupuesto Regional diseñado por el Gobierno Regional, la correspondiente distribución sectorial. Obviamente que las políticas regionales deben estar en concordancia con las políticas nacionales.
La administración de la Región debe estar a cargo del Gobierno Regional, cuyo Presidente debe tener un mandato de cinco años sin la posibilidad de ser revocado, porque ¿qué lo hace diferente al Presidente del Gobierno Nacional?. Ambos son elegidos en forma libre y transparente por los ciudadanos que se adhieren a sus planes y propuestas.
Para el ejercicio de su gobierno, el Presidente Regional debe contar con un gabinete compuesto por ministros o secretarios regionales. Para legislar, el nuevo Gobierno Regional debe contar con un Parlamento integrado por los Alcaldes Provinciales, un parlamentario regional elegido por cada provincia y representantes de las naciones indígenas. Lo que se desea es representatividad y participación. No asambleísmo ni excesiva burocracia.
Es imperativo que la nueva legislación contemple las exactas jurisdicciones del gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales. Los actuales congresistas de provincias se deben a sus Regiones y en función de ellas deben legislar, evitando inclinar el fiel de la balanza hacia el envolvente, tentador, detestable, impasible e hipertrofiado centralismo. El pueblo vigila sus acciones.
Iquitos, 19 de julio de 2007
(Artículo publicado en la revista loretana LA VERDAD Nº 3
del 14 de setiembre de 2001)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario