Por Sinesio López Jiménez (*)
Mientras Yehude dialoga y negocia con los líderes de los movimientos de protesta social, los voceros del Apra y la derecha buscan silenciarlos y reprimirlos, acusándolos de extremistas manipulados por poderes extranjeros. Mientras Yehude hace política, el Apra y la derecha quieren guerra. ¿Qué rara especie de extremistas son estos que dialogan con el premier, llegan a acuerdos negociados y levantan sus medidas de protesta? La derecha cree que los extremistas, los países enemigos del Perú y las ONG están interesados en crear un clima de violencia, de zozobra y de inestabilidad en el Perú para hacer que el gobierno de García colapse.
Suponiendo que esos sean efectivamente los deseos de los extremistas, las intenciones no bastan para hacen caer a los gobiernos. Se necesitan otras cosas, entre ellas los masivos movimientos de protesta que desborden a las instituciones estatales, a los partidos y al gobierno. ¿De dónde salen las protestas masivas y las turbulencias sociales? La derecha cree que ellas proceden, no de los problemas sociales reales ni de las políticas ineficaces e injustas del gobierno, sino que son inventadas (creadas) por los extremistas. La derecha atribuye demasiado poder a los supuestos o reales extremistas y cree que los movimientos de protesta están conformados por un conjunto de bobos que se dejan manipular por ellos (los extremistas). Este es un rasgo típico de todo pensamiento reaccionario: cree que las ideas (radicales) inventan la realidad.
El Apra y la derecha cuestionan no sólo a los extremistas, sino a Yehude y su política de diálogo y negociación. Muchas de las demandas de los movimientos de protesta plantean la derogatoria de determinados dispositivos legales que los perjudican. Este es el caso de los DL de la selva, de algunas concesiones mineras y de otras leyes que han sido impuestas, no sólo sin consultar, sino también sin informar a los afectados por esas leyes.
Es cierto que la derogatoria de esas leyes cuestiona al Parlamento y al gobierno que deciden de espaldas a los gobernados. Pero si los gobernados cuestionan determinadas leyes es porque la realidad efectiva (social) choca con la idealidad normativa, haciéndola inválida (Kelsen) pues no funciona. En otros casos, las leyes son redundantes y superficiales porque coinciden totalmente con la realidad. Lo que hace válida y útil a una norma es la existencia de una cierta tensión entre ella (como deber ser) y la realidad social (los gobernados). Y eso requiere información y diálogo. Montesquieu decía a los voluntaristas que creen que con las leyes cambian todo: Laissez nous tranquilles (déjennos tranquilos): no nos impongan leyes que no funcionan.
En el fondo, lo que los movimientos de protesta ponen en cuestión con sus diversas demandas es una forma de gobernar: la imposición de leyes que los perjudican, la falta de políticas que atiendan sus problemas o la incapacidad e incuria de los gobernantes. Esa forma de gobernar no afecta sólo al movimiento amazónico sino casi a todo el Perú. El gobierno y el Congreso, la derecha y el Apra creen que gobernar es imponer leyes, políticas y diversas medidas a los gobernados.
Olvidan que ellos están sometidos también a las formas y procedimientos propios de los Estados, los regímenes y los gobiernos democráticos. Lo que define a éstos es, en efecto, la lógica ascendente del poder. Este se organiza de abajo hacia arriba. Los ciudadanos eligen a sus representantes y a sus gobernantes. Estos no están sometidos, es cierto, a mandato imperativo, sino que, para tomar decisiones, tienen una cierta autonomía que, por eso mismo, los obliga a rendir cuentas a sus electores.
Esta rendición de cuentas se hace a través de instituciones específicas (control horizontal), de los ciudadanos cuando eligen (control vertical) y de la esfera pública y la sociedad civil (control social). Más aún: en la apertura de Estados, regímenes y gobiernos social o políticamente cerrados, el control social ha jugado un papel central. No son, pues, el Estado y el gobierno los que deben controlar a los ciudadanos, a la esfera pública y a la sociedad civil, sino, por el contrario, son estos los que deben controlar al Estado y al gobierno. No es la APCI la que debe controlar a las ONG, sino, más bien, son éstas las que deben controlar a la APCI. Dígase lo mismo con respecto a los gobernantes y funcionarios, a los órganos del gobierno y a todas las instituciones del Estado.
A través del ejercicio de la ciudadanía, de la sociedad civil, de los movimientos sociales, los peruanos están aprendiendo a tomar en serio el despliegue de la lógica ascendente del poder. Los gobernantes, los representantes y la derecha, en cambio, despliegan una lógica descendente del poder propia de los Estados, regímenes, gobiernos no democráticos (dictaduras, autoritarismos, totalitarismos, etc.). Organizan el poder de arriba hacia abajo, toman decisiones sin rendir cuenta a nadie, dan leyes sin consultar con los interesados. Es de esperar que gobernantes y representantes saquen las lecciones democráticas necesarias de lo que está pasando en el Perú de hoy.
(*) Tomado del diario LA REPÚBLICA, edición del día viernes 26 de junio de 2009.
